Nadie duda que un medio de comunicación pueda tener una mirada crítica hacia la gestión de un ministro de gobierno. Es más: hasta podría decirse que eso forma parte de sus tareas periodísticas. Ahora bien: lo de Clarín con Amado Boudou, más que a la crítica, se parece bastante al ensañamiento.
Por ejemplo: cada vez que puede, el diario le saca al titular de Hacienda una luz roja en su sección “el semáforo”, y siempre –pero siempre– se ubica en la otra vereda cuando el ministro lleva a cabo una negociación, así se trate del FMI, el Club de París o cualquier grupo de bonistas reunidos que esté reclamándole algo a la Argentina.
La lista sigue con tergiversaciones para tirar al techo (como aquella frase sobre los efectos de la inflación en los más pobres, que fue sacada de contexto primero y aprovechada luego como blanco de dardos en páginas y más páginas editoriales); todo tipo de desacreditaciones (“Boudou, el malquerido”, se tituló hace poco una de las columnas Del Editor al Lector, que también supo dibujar al ministro con los pantalones bajos); así como el ataque constante hacia su figura a través de acusaciones de dudosa procedencia, como lo fue la difusión de la imagen junto al principal acusado por la muerte de Mariano Ferreyra, presentada por el matutino como una prueba con valor periodístico cuando en realidad quedaba claro a todas luces que se trataba de una foto de ocasión que no revelaba vínculo alguno entre sus protagonistas.
Lo más curioso (o no) de esta estrategia del “palo sistemático” es que esos cuestionamientos raras veces se dirigen hacia la gestión en sí del ministro, sino que tienen que ver más bien con expresiones, formas, entredichos y supuestas marchas y contramarchas, pero no con temas de fondo.
Esta semana, la saga de acusaciones alcanzó un nuevo pico. Todo comenzó el lunes con una “investigación” de Marcelo Bonelli cuyo título aseguraba que “Boudou ordenó espiar los mails de los empleados de Economía”. Al leer el texto, sin embargo, queda claro que la nota no pudo citar fuentes que avalaran esa hipótesis, para la cual apenas citó una “resolución secreta”. El martes el diario llevó el tema a su título principal de tapa, aunque la cuestión comenzó a tomar otro color, ya que el artículo –que siguió sin aportar fuentes– se vio obligado a admitir que “existen por lo menos dos corrientes contrapuestas sobre las atribuciones que puede tener el empleador sobre la correspondencia privada de un empleado”.
Aunque el resto de los diarios apenas si se hizo eco de la noticia (tal vez porque el olor a carne podrida era ya demasiado evidente), Página/12 dio espacio ayer a una respuesta de Boudou según la cual la resolución que se firmó tiene que ver en realidad con una política de seguridad interna similar a la que existe en otras dependencias del Estado, y también en empresas privadas, para impedir el spam y los mails muy pesados.
“No se le abren los mails a nadie, en caso de ser necesario eso se puede hacer solamente con una resolución judicial”, aclaró Boudou.
También La Nación se ocupó del asunto, y explicó ayer que según expertos en derecho laboral y seguridad informática “los empleadores tienen derecho a controlar el contenido de los mails que los empleados tengan a disposición como herramienta de trabajo, pero siempre que esa posibilidad esté en conocimiento de los involucrados”.
Ayer fue el tercer día consecutivo en que Clarín salió con este tema en portada e incluyó, justamente, un “formulario de aceptación de términos” a través del cual los empleados de Economía deben dar su conformidad a los controles sobre sus cuentas de correo electrónico.
Por otro lado, el mismo día que el ministro lanzó su candidatura en la Ciudad de Buenos Aires, el diario mintió descaradamente al asegurar que Boudou “justificó la orden de espiar los mails”, cuando lejos estuvieron sus declaraciones de siquiera parecerse a una justificación. “Se trata de una resolución interna del ministerio, que tiene políticas de utilización informática como las tienen casi todos los organismos de gobierno y casi todas las empresas privadas. Pero eso no significa abrir un mail”, debió aclarar el ministro por enésima vez.
¿Qué ocurrirá de ahora en más? Es difícil saberlo, pero posiblemente el diario siga intentando mantener el tema en alto durante unos días hasta que al final –tal como pasó con la “embajada paralela”, o los mails de WikiLeaks, o el caso de la “Banelco”– el escándalo vaya adelgazándose hasta el silencio.
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